El Vigía

¿Es posible avanzar hacia una propuesta de Renta Básica Universal?

Hace muchos años atrás, menos de 20 pero más de 15, recuerdo que leía con interés, incluso cierta avidez, la propuesta lanzada por unos académicos europeos, encabezados por Philip Van Parijs y Daniel Raventós, sobre las posibilidades de reformar las seguridades sociales de los países para instaurar un tipo de renta denominada Renta Básica Universal.

En su definición más concreta, la renta básica universal es un ingreso universal, incondicional y uniforme, percibido por cada ciudadano mayor de edad del país. Lo de “incondicional” significa que la misma sería pagada a cada ciudadano sin importar su situación socio-económica, laboral, ni familiar. La percibirían ricos y pobres, personas solteras y casadas, trabajadores, jubilados, estudiantes, desempleados y gente que ni trabaja ni busca trabajo. Y lo de “uniforme” significa que el monto sería el mismo para cada individuo.

En Uruguay, algunos economistas y académicos de otras disciplinas (sociólogos, antropólogos, etc) habían tomado el tema con cierto interés, y en la post-crisis del 2002 se debatía con intensidad las posibilidades que existían para implementar la misma en el país, aunque fuera como una experiencia piloto para evaluar sus resultados. Con la llegada al gobierno nacional del Frente Amplio, pensé que se habían generado las condiciones políticas adecuadas para pasar de la teoría a la práctica, de los debates académicos al diseño y ejecución de políticas públicas.

Sin embargo, pasó el primer gobierno del Frente sin novedades. “Está bien, las condiciones no estaban dadas. Había que atender la emergencia” me dije, y esperé. Pero pasó el segundo gobierno nacional del Frente Amplio y seguimos sin novedades. Supongo que habrá habido gente que siguió discutiendo, debatiendo, pensando, y elaborando propuestas. Reconozco que yo dejé de prestarle atención al tema, enfoqué mi atención en temas que me resultan igual de apasionantes: descentralización, regionalización, cultura, derechos humanos, desarrollo local.

Hasta que llegó el 2020, el año en que el mundo vivió en pandemia. Y con la emergencia sanitaria y la crisis socio-económica de dimensión global, el Frente Amplio, ahora fuera del gobierno nacional, por fin presentó una propuesta de Renta Básica como una posible medida para contener la situación de los sectores económicos más vulnerables.

La propuesta realizada por el Frente, en realidad, no es una renta básica universal según la definición realizada. Sería más bien una suerte de ingreso de emergencia para los 300.000 más vulnerables, o sea: aquellos que no cuentan con ingresos fijos o que perciben menos de un salario mínimo, con menores a cargo o adultos en situación de dependencia. El proyecto presentado consiste en que estos hogares perciban, mientras dure la situación de pandemia, un ingreso similar al de un salario mínimo: $14.000.

El tema es que el Frente viene insistiendo con esta propuesta desde hace prácticamente un año, con alguna modificación, pero la respuesta del gobierno ha sido siempre la misma: NO.

Cuando una propuesta se hace una, dos, tres veces y la respuesta del otro sigue siendo la misma, creo que llega un momento en que hay que dejar de insistir. ¿Gana algo el Frente Amplio insistiendo una y otra vez con la propuesta? Si al menos sirviera para instalar el tema en la opinión pública y se iniciara un debate profundo al respecto, al menos podría decirse que el tema “prendió” entre la gente y que hay un reclamo. Pero ni siquiera ha sucedido eso. Queda como una propuesta más de las que se han hecho, pasando sin mayor novedad ni interés.

El problema que puede crearse, es que de tanto insistir desgasten la propuesta. Una suerte de cansancio ex-ante: “¡Otra vez con esto!”.

Si a alguien le importa mi opinión, estoy convencido que una buena propuesta de Renta Básica Universal puede ser muy potente como propuesta de campaña de cara al 2024. Una propuesta que debería ser económicamente rigurosa, socialmente ambiciosa y políticamente radical.

La renta básica universal, elaborada con las características recién mencionadas, es de las pocas propuestas, sino la única, que tiene el potencial de ser una política pública radical, con efectos revolucionarios. Una revolución sin disparos ni violencia, una revolución cultural que amplíe el concepto de ciudadanía que hoy tenemos.

Hace 2.500 años, los atenienses inventaron una palabra para los hombres libres que podían participar en la toma de decisiones de las asambleas: ciudadano. En 1789 los revolucionarios franceses recuperaron esa maravillosa palabra, dotándola de renovado bríos.

Desde entonces, hace más de 200 años, que la categoría política de ciudadano refiere a las personas que somos titulares de los derechos políticos en un Estado soberano. O sea, que podemos votar y ser votados en elecciones libres.

Pero nuestras democracias y nuestra ciudadanía no son entes acabados y perfectos. Por el contrario, son procesos en permanente construcción y re-construcción. El valor de la Historia es enseñarnos eso. Por ello me pregunto (y le pregunto a quien lea estas líneas): ¿no habrá llegado el momento de plantearnos ensanchar el concepto de ciudadanía?, ¿de incluir alguna forma de ciudadanía económica? ¿que la ciudadanía del Siglo XXI debe ser algo más que ser elector y elegible cada cinco años?

Por: Rodrigo Tisnes – Gestor Cultural – Escritor

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