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Alerta por retrocesos en Uruguay por parte de Amnistía Internacional

Las "duras condiciones de reclusión" que se viven en Uruguay fueron denunciadas por Amnistía Internacional en su informe 2022/2023 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo.

Compartimos parte del informe de la ONG:

Las consecuencias socioeconómicas de la pandemia de COVID-19 seguían afectando a los grupos en situación vulnerable. Se registraron varios ataques contra periodistas y medios de comunicación, lo que supuso una amenaza a la libertad de expresión. Las cifras de encarcelamiento sin precedentes provocaron unas condiciones penitenciarias inhumanas. Persistía la preocupación por las muertes en prisión. La violencia contra las mujeres y las niñas siguió intensificándose, y el número de femicidios y homicidios infantiles denunciados aumentó. Aunque algunos miembros de las fuerzas armadas fueron procesados por delitos comunes cometidos durante el régimen cívico-militar (1973-1985) que constituían crímenes de lesa humanidad, no se produjeron avances sustanciales en el esclarecimiento del paradero de las víctimas de desaparición forzada durante ese periodo.

Información general

Las desigualdades socioeconómicas se agravaron como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el 7,3% de la población sufría inseguridad alimentaria grave. En octubre, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República presentó un informe en el que se señalaba que, aunque la cantidad de ollas populares había disminuido respecto a 2021, el número de raciones alimentarias servidas mensualmente permanecía sin variación sustantiva.

A partir de la acusación formal del jefe de seguridad del presidente por falsificación de pasaportes, salieron a la luz presuntos actos de espionaje contra dos senadores de la oposición, casos de vigilancia ilegal de civiles, así como supuestos actos de corrupción policial, que constituían señales preocupantes de una crisis institucional.

En agosto, la elección de una nueva junta directiva de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) no siguió los procedimientos jurídicos exigidos y se vio empañada por la injerencia de los partidos políticos. Según las organizaciones locales y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, esa situación debilitó a la INDDHH. Algunos fiscales criticaron públicamente la injerencia del poder ejecutivo en la Fiscalía General de la Nación y las investigaciones a las que éste la había sometido.

El examen de Uruguay ante los comités de la ONU sobre la tortura, los derechos humanos y la desaparición forzada constató un debilitamiento del Mecanismo Nacional para la Elaboración de Informes y Seguimiento de Recomendaciones y una falta de diálogo con la sociedad civil.

Libertad de expresión

Uruguay descendió 26 puestos en el ranking de Reporteros sin Fronteras sobre la libertad de expresión, pasando del lugar 18 al 44 de la lista de países.

En un informe publicado en 2022 se señalaba que durante 2021 se habían registrado 51 casos de amenazas a periodistas, y que al menos 2 periodistas y medios de comunicación se enfrentaban a acciones judiciales por el contenido de sus investigaciones. Personas que ocupaban cargos públicos, ministros y ministras, y miembros del Senado siguieron utilizando lenguaje estigmatizante con respecto a periodistas y medios de comunicación.

En julio, el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por el incremento de los procesamiento penales, las amenazas y las restricciones a la libertad de expresión.

En septiembre, el Sindicato Único de Policías de Uruguay pidió que el Ministerio del Interior llevara a cabo una investigación urgente porque se había recibido información según la cual los teléfonos móviles de muchos agentes policiales habían sido intervenidos. En diciembre, periodistas del diario El Observador tuvieron que difundir información de gran interés público mediante canales ajenos a la institución en la que trabajaban, lo que afectó a su derecho a la libertad de prensa. La información revelada guardaba relación con el posible uso irresponsable y peligroso del sistema de seguridad del Estado para fines de vigilancia ilegal y espionaje.

La Administración Nacional de Educación Pública prohibió al estudiantado manifestarse en los centros de enseñanza secundaria de Montevideo para pedir un mayor presupuesto educativo. Las autoridades amenazaron con utilizar a la policía para desalojar a los estudiantes que protestaban.

Acceso a información pública

Según algunas ONG, varias solicitudes de información pública no obtuvieron respuesta, o la recibida fue insatisfactoria. Al concluir el año, el Parlamento seguía examinando un proyecto de ley para modificar la Ley 18.381 sobre el acceso a la información pública que, de aprobarse, obstaculizaría aún más la transparencia.

En septiembre, el jefe de seguridad del presidente fue acusado de falsificar documentos. Durante su comparecencia en el juzgado, el juez no permitió la entrada de la prensa y declaró la vista a puerta cerrada, incumpliendo así las disposiciones del Código del Proceso Penal sobre audiencias públicas.

Condiciones de reclusión inhumanas

Las ya duras condiciones de reclusión empeoraron durante el año. El sistema penitenciario adolecía de un grave hacinamiento, y el número de personas recluidas ascendía al 120% de la capacidad prevista. Según el Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, la población de las cárceles aumentaba de forma constante, y al concluir el año alcanzaba la cifra de 14.497 personas. Se registraron 42 muertes bajo custodia.

De acuerdo con el Comisionado Parlamentario, Uruguay presentaba en 2022 la mayor tasa de encarcelamiento per cápita de América del Sur (411 por 100.000 habitantes). En el contexto de unas condiciones de enorme insalubridad y hacinamiento, 13 personas murieron en prisión por causas no violentas durante al año. El número de mujeres privadas de libertad siguió creciendo hasta alcanzar las 1.034.

Impunidad

Un total de 14 miembros del ejército y la policía, retirados o en actividad, fueron declarados culpables de tortura, secuestro y asesinato cometidos durante el régimen cívico-militar de las décadas de 1970 y 1980. Las autoridades no realizaron avances sustanciales en la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada de ese periodo porque no se hallaron nuevas pruebas en las excavaciones y las personas sospechosas de responsabilidad penal no aportaron nuevos datos.

Se presentó en el Parlamento un proyecto de ley que proponía el arresto domiciliario para las personas detenidas mayores de 65 años. De aprobarse, esta medida podría beneficiar a hasta 200 personas, entre ellas más de 20 que cumplían condenas de cárcel por crímenes de lesa humanidad. Preocupaba el hecho de que el proyecto de ley sirviera de indulto para quienes habían sido declarados culpables de crímenes de derecho internacional durante el régimen militar.

En otro apartado, el documento de Amnistía Internacional hace referencia a la acusación formal del jefe de seguridad del presidente, Luis Lacalle Pou, por falsificación de pasaportes e indica que con esta salieron a la luz «presuntos actos de espionaje contra dos senadores de la oposición», casos de «vigilancia ilegal de civiles» y «supuestos actos de corrupción policial» que constituían «señales preocupantes de una crisis institucional».

Derecho a la salud

Según el Ministerio de Salud Pública, la tasa de suicidios aumentó un 25% en el primer semestre de 2022 con respecto al mismo periodo de 2021. Cuando ya habían transcurrido cinco años desde su aprobación, la Ley de Salud Mental (N° 19.529) aún no se había reglamentado adecuadamente, lo que repercutía de forma negativa en el acceso a los servicios de salud mental.

Violencia contra las mujeres

Según el Observatorio contra la Violencia Basada en Género y Acceso a la Justicia, el número de femicidios aumentó en 2022: se registraron 24 casos, y al menos 8 niñas y niños murieron en incidentes relacionados con la violencia de género, femicidios en su mayoría. También se obstaculizó la aplicación de la ley sobre violencia de género (Ley 19.580), ya que no se habían asignado los recursos necesarios para la creación de los juzgados multimateria, adecuados para abordar todos los asuntos relacionados con este tipo de violencia.

Derechos sexuales y reproductivos

La política pública relativa a los embarazos de niñas menores de 15 años no experimentó avances significativos. Según la Administración de los Servicios de Salud del Estado, 108 niñas y adolescentes menores de 15 años habían quedado embarazadas en 2021, de las cuales 50 dieron a luz y 58 abortaron. La violencia y los abusos sexuales eran las causas de la mayoría de esos embarazos.

La implementación de los programas de educación sexual integral no tenía carácter obligatorio, y no estaba previsto modificar los currículos de los centros de enseñanza primaria o secundaria, ya fueran éstos públicos, privados, religiosos o laicos.

Amnistía Internacional.

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