En cada oportunidad que tengamos para poder coincidir o discrepar en cuanto a los demás de  políticas públicas de drogas, obtendremos siempre una situación donde lo políticamente  correcto sea el eje central de la discusión, pasando por una columna vertebral de lo que  moralmente está considerado aceptable y concluir en la conciencia policiaca de cómo vivir la  vida. No es ajeno a esto, las discusiones que se pueden presentar frente a la marihuana y sus  detractores. Que no está mal que lo sean, pero hay que mantener cierta concordancia en lo  que se piensa con lo que se dice.  

En la Junta Departamental de Montevideo, que reconozco que no debe ser tarea fácil legislar,  ni en el oficialismo ni en oposición, días atrás se presentó un proyecto por parte de un edil del  Partido Nacional, donde se pretende legislar para que sea sancionado con 3 a 10 unidades  reajustables el consumo de dicha sustancia en lugares que sean cercanos a “juegos infantiles  en plazas públicas, centros de estudio o de salud”.  

En primera instancia, posiblemente, para el lector sea una medida que atienda a la moral y  ética de la convivencia ciudadana, pero en términos generales de razonamiento, termina  siendo una medida desde la “policía de la moral” que solamente buscara perseguir a quien  consume, como también, en el ideario, una medida que carece de cualquier efectividad posible.  

¿Por qué lo digo a esto? Lejos del capricho personal. La semana pasada, se dio a conocer un  informe por parte de la ONU, donde se deja constancia que Uruguay en su combate a las  drogas, con la regulación de la marihuana, no tuvo incidencia alguna en el combate al  mercado ilegal o mercado negro de las drogas, siendo esto, un argumento más para establecer  que Uruguay no solamente tiene una batalla perdida contra las drogas, sino que también, una  ley de regulación de la marihuana que es un atropello a la libertad individual del consumo.  Ahora, encima, queremos generar más persecución.  

Si es de reconocer, que, dentro del informe de la ONU, la JIFE genera real importancia en  que “…El efecto más preocupante de la legalización del cannabis es la probabilidad de un  mayor consumo, especialmente entre los jóvenes…”, pero sujeto a esto, no encontramos nuevos  proyectos que se presenten para poder prevenir el consumo ni educar para el mismo. Las  drogas, existieron, existen y seguirán conviviendo con nosotros en nuestra sociedad, sea el  individuo consumidor o no de la misma.  

Por último, en consecuencia, con el proyecto presentado, se me generan interrogantes que  pueden ser interesantes para poder llegar hasta no compartir en lo que el texto detalla. ¿Quién  fiscalizara el consumo en dichos espacios? ¿Quién se encargará de ser denunciante del  mismo? ¿Qué fondos se destinarán para poder ejecutar una idea así? ¿Qué uso tendrán los  dineros recaudados por sanciones de la misma? ¿Nuevos impuestos para solventar el mismo?