Ante esta preocupante situación, el gobierno del país sudamericano ha instado a la población a comprar agua embotellada para consumo humano. Sin embargo, esta medida ha generado inquietud entre un grupo de expertos en derechos humanos, quienes advierten que esta acción podría suponer un riesgo de privatización de facto del agua, poniendo en peligro el acceso equitativo al recurso vital por encima de los intereses empresariales.
Según informes, aproximadamente el 60% de la población uruguaya enfrenta problemas relacionados con la calidad del agua potable. Este problema afecta principalmente a grupos vulnerables como niños, adolescentes, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas. Ante esta situación, las autoridades sanitarias uruguayas han reconocido el riesgo y han recomendado a la población que adquiera agua embotellada para garantizar su seguridad.
Sin embargo, un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU ha expresado su preocupación ante esta medida. En un comunicado emitido recientemente, estos expertos destacaron que la obligación primordial del gobierno debería ser priorizar el uso del agua para el consumo humano y proteger este derecho fundamental de la población. Además, señalaron que la recomendación de comprar agua embotellada podría conducir a una privatización de facto del agua, ya que la población se vería forzada a adquirir un recurso que debería ser accesible para todos.
Los relatores especiales de la ONU también recordaron que el problema subyacente de la calidad del agua en Uruguay es la sobreexplotación del recurso, especialmente por parte de algunas industrias en el país. Destacaron la importancia de que Uruguay priorice el consumo humano, tal como lo establecen las normas internacionales de derechos humanos. Asimismo, hicieron hincapié en que el agua destinada al consumo humano representa solo el 5% del suministro total de agua potable, por lo que no priorizar su uso resulta inaceptable desde una perspectiva de derechos humanos.
Los expertos también resaltaron la responsabilidad de las empresas, incluidas las empresas estatales, de respetar los derechos humanos en todo momento. Además, recalcaron que los Estados tienen la obligación de garantizar el acceso universal a agua potable segura, incluso en situaciones de emergencia.
El gobierno uruguayo ha sido contactado por los expertos en derechos humanos para abordar estos problemas. Si bien se han implementado esfuerzos para reducir los impuestos al agua, los expertos enfatizaron que lo más importante en este momento es garantizar que todas las personas tengan acceso al agua necesaria para la vida.
Es crucial que el gobierno de Uruguay tome medidas para abordar la disminución de la calidad del agua potable y asegurar el acceso equitativo al recurso vital para todos los ciudadanos. La protección y promoción de los derechos humanos, en este caso el derecho al agua, deben ser una prioridad absoluta para garantizar la salud y el bienestar de la población uruguaya.
Con información de Noticias ONU – Naciones Unidas.
