Ayer en el programa de El Vigía, el Ingeniero Gabriel Tinaglini, representante de la bancada del Frente Amplio, fue entrevistado para discutir la propuesta de eximir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Específico Interno (IMESI) a las aguas embotelladas. Tinaglini explicó que esta medida busca aliviar el costo adicional que las familias enfrentan al tener que consumir agua embotellada, especialmente en el área metropolitana, donde la crisis hídrica ha tenido un impacto significativo.
Durante la entrevista, el ingeniero destacó que el costo del agua embotellada no estaba previsto en el presupuesto familiar y generaba una carga financiera adicional para aquellos que dependen de ella. En respuesta a esta problemática, la bancada del Frente Amplio propuso que el gobierno eliminara los impuestos para abaratar el precio del agua embotellada.
Tinaglini también mencionó que para llevar adelante la sesión extraordinaria se requerían 50 firmas, y el oficialismo no contaba con ellas. En este sentido, resaltó que esta no era la primera vez que el Frente Amplio debía proporcionar sus firmas para permitir la realización de sesiones extraordinarias. El diputado hizo hincapié en que estas situaciones revelan las tensiones y las dificultades que enfrenta la coalición gobernante.
Durante la sesión, se discutió la propuesta del Frente Amplio y se llegó a un acuerdo para aprobar la eliminación del IVA y el IMESI en el agua embotellada. Sin embargo, hubo un debate sobre un aditivo adicional propuesto por la bancada, que buscaba asegurar que el descuento del 30% llegara directamente a los bolsillos de los uruguayos. El oficialismo argumentó que no era necesario incluir esta medida adicional, ya que confiaban en que los actores privados, como los envasadores y distribuidores, trasladarían la reducción de impuestos al precio final del producto.
Finalmente, la ley fue aprobada con las dos sanciones requeridas por la cámara alta y la cámara baja, y se espera que entre en vigencia a principios de la próxima semana. Esta medida tiene como objetivo principal aliviar la carga financiera de las familias uruguayas que dependen del agua embotellada y garantizar el acceso a agua potable en medio de la crisis hídrica que afecta al país desde hace varios meses.
La implementación de esta ley proporcionará datos concretos sobre la efectividad de la medida y su impacto en la economía de los hogares uruguayos. Será fundamental evaluar el alcance y los beneficios que este descuento del 30% representa para las familias, así como la colaboración de los actores privados en la reducción del precio final del agua embotellada.
La aprobación de esta ley demuestra la importancia de abordar la problemática del acceso al agua potable en momentos de emergencia, y destaca la necesidad de acciones concretas para garantizar el bienestar de todos los ciudadanos en situaciones críticas como la actual crisis hídrica en Uruguay.
El Vigía.