“Izquierda sin cultura no es izquierda” (Mariano Arana)
En un contexto democrático, las demandas culturales de una comunidad, (donde se legitima la inclusión de la EDUCACIÓN formal), deben necesariamente ser atendidas. Por lo que la cuestión pasa a reducirse a: ¿cómo incorporar a la gestión pública tales demandas? y ¿cómo satisfacerlas apropiadamente?, es decir, en tiempo y forma. Con esta finalidad, las políticas públicas culturales, construidas en debate y deliberación conjunta con la sociedad y las comunidades culturales, generan programas y proyectos de eficiente impacto. Simultáneamente tales políticas deben dialogar con el presente, respecto a sus demandas postergadas y, con el futuro, en cuanto a sus horizontes de superación. De este modo, incidirán positivamente en el rompimiento de aquellos grilletes de “realidades condicionadas” y diversas emergencias, abriendo la vía a nuevas posibilidades de superación y desarrollo. El desafío de la gestión cobra, entonces, la forma de: 1) eficiente formulación de políticas públicas de cultura, adecuadas a las problemáticas a ser abordadas; y, 2) creativa traducción en programas y proyectos, sintonizados con tales políticas y viables de ser ejecutados. La traducción en programas y proyectos es uno de los problemas más complejos en la aplicación de las políticas culturales. La visión de la política cultural como “más burocrática que creativa”, no ayuda en nada en cuanto al positivo abordaje y solución de problemas concretos, falencias y conflictos. De esta forma la creatividad y compenetración con el medio pasa a ser condición indispensable para la formulación de políticas culturales y para su traducción política en programas y proyectos abarcativos y eficientes. Las políticas culturales, para cumplir su promesa y orientar efectivamente su gestión, necesitan: 1) reunir presente y futuro de una comuna; 2) ser traducidas en programas y proyectos significativos para los habitantes; y, 3) tener viabilidad política y financiera. Por lo que la gestión de Cultura debe orientarse hacia la construcción de una cultura ciudadana, por medio de las siguientes directrices generales a ser constantemente reafirmadas: fortalecimiento de la institucionalidad y organización del campo cultural; ampliación de los diálogos interculturales; profundización de la territorialización de las políticas culturales; desarrollo de la economía de la cultura y ampliación de las transversalidades de las comunidades con un positivo impacto en las mismas.
Entender las realidades del sistema educativo es una premisa fundamental para analizar y conocer el territorio en el que operamos como gestores culturales, no solo para atender con rigor a las demandas, sino también para producir transformaciones que redunden en el progreso crítico, ético y estético de la ciudadanía. Para dotar, (en EDUCACIÓN), a las futuras generaciones de aquellos valores democráticos necesarios y de las capacidades creativas que les serán útiles para constituirse en ciudadanos críticos, solidarios, reflexivos y responsables, será indispensable incrementar cuánto contenido cultural sea posible incorporar en todos los niveles del sistema educativo. Nociones como “inclusión” e “integración” suelen llevar consigo paradigmáticas connotaciones excluyentes o coercitivas. El término “inclusión” viene del latín claudere (cerrar). Prefijarle “in” implica decir “de puertas adentro” (dejar dentro), mientras que “ex” es decir “de puerta afuera” (dejar fuera). No parece un binomio muy apropiado. El “afuera” ha hecho evolucionar con frecuencia a la humanidad, al arte y la cultura. La integración es, por tanto, contar con cada elemento como una pieza del total. Se trata, desde un principio, de aceptar y unificar tanto las realidades del “dentro” y del “afuera”, de lo integrado y lo marginal, como dinámicas que indudablemente pueden generar la posibilidad, en el disenso, de una cultura diversa y eminentemente crítica, progresista y sobre todo empático-humana…Sumarnos, participar de esta clase de gestión cultural, es la consigna y el paso inicial trazado por esta formación política, (consigna que implica incidir paliativamente en la creciente tasa de pobreza infantil extrema que afecta a nuestro país).
A continuación algunos escuetos datos, (resultantes de la actual gestión de la administración educativa en nuestro país, encabezada en su momento por el expresidente del CODICEN, Robert Silva):
*ANEP contrata de manera directa a varios Equipos Consultores (pertenecientes a una empresa privada), cuyo objetivo es la aplicación de encuestas en lectura en los centros educativos.
*Autoridades de Educación Primaria descartan la posibilidad de incorporar nueva semana de vacaciones sobre la base de la existencia de docentes suplentes y de que el Banco Interamericano de Desarrollo demanda un estimado de 200 días de clases.
*Incremento del alumnado que entre el 2022 y el 2023 pasaron de una aproximado de 430 a 515 alumnos, fundamentalmente en Canelones y escuelas de tiempo completo, sin por ello crear nuevos cargos para evitar saturar grupos-clases y no “amedrentar” la calidad educativa.
*El presidenciable Álvaro Delgado, (quien reconoce el alza de la pobreza infantil en Uruguay, como un “mea culpa” tardío o un dato estadístico más) , propone una suerte de “bono económico” de 6000 dólares para aquellos estudiantes de secundaria que concluyan el bachillerato, circunstancia que no remedia ni subsana el recorte de unas 10.000 becas destinadas precisamente a la finalización de ciclos educativos durante su gestión; el sistemático recorte presupuestal para liceos y escuelas que incide directamente en la calidad de la oferta educativa; la superposición de elección de horas para docentes de Secundaria y UTU que genera corrimientos de docentes que se desempeñaban en otros centros educativos, (traslados) y renuncias; la eliminación de horas de coordinación para los docentes de educación media; la reducción de horas de Geografía, de Coro, de profesor orientador bibliográfico, de orientador de informática y tecnología educativa; la eliminación, mediante la “Ley de Urgente Consideración”, de los docentes en los desconcentrados, cercenando la visión y participación de quienes se encuentran más próximos al proceso educativo; la sistemática persecución a los docentes organizados, enfocándose en los sindicatos y sus justos reclamos antes que en las acciones restrictivas de las autoridades y un extensísimo etcétera…
*A nivel departamental, la supresión de planes previstos para optimizar la oferta educativa en el denominado Polo Tecnológico de Chuy, en consonancia con esa educación inclusiva, progresista y transformadora que, desde nuestro espacio, defendemos.
